a la caza del monumento fascista

Ley 52/2007 "de memoria histórica"

Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.
1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.
2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.
3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior.
4. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo.





Estas fotos corresponden al palacio de la diputación de Alicante, en una sala anexa al salón de actos, en la cual se preparan los catering y se guardan algunas mesas. Dicha sala está en la planta baja del palacio, teóricamente escondida, sólo a la vista de los dirigentes de la Diputación de Alicante.

¿Creéis que estas placas entran dentro del ámbito de aplicación del art. 15 de la ley?
¿Conocéis otros casos similares?

la Ley de memoria histórica

Aquí os dejo un enlace para que consultéis el texto íntegro de la ley de memoria histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura).

Especial importancia tiene su exposición de motivos, pues refleja la dramática situación de olvido y desconocimiento histórico que llevan padeciendo miles de familiares desde la Transición.

Una vez consultado el texto, os propongo una serie de cuestiones:

-¿Era necesaria esta Ley?¿Por qué?
-¿Quiénes pueden ser beneficiarios del reconocimiento moral que se establece?
-¿Qué tipo de ayudas concede a las víctimas?
-¿Cuáles son los derechos más importantes que se reconocen?
-¿Crees que desde los poderes públicos se está instando su efectiva aplicación?

Reportaje de Robert Capa sobre la Guerra Civil

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Al estallar la Guerra Civil en julio de 1936, Capa se traslada a España con su novia para cubrir los principales acontecimientos de la contienda española. Implicado en la lucha antifascista y con la causa de la República, estuvo presente, desde ese lado, en los principales frentes de combate, desde los inicios en el frente de Madrid hasta la retirada final en Cataluña.

Estudios recientes sobre algunas de sus más famosas fotografías, demuestran que podrían tratarse de actores (como en el caso de "Muerte de un Miliciano"). No obstante, su veracidad o no importa poco, pues lo realmente importante es lo que trasmite con ellas. Aun con todo esto, hoy en día son todo un mito y aparecen en casi todos los manuales de historia.


Recursos:

Historia del fotoperiodismo en España
http://argonauta.imageson.org/document98.html

Actividad: Buscar una fotografía sobre la Guerra Civil y comentarla teniendo en cuenta su influencia tanto en la sociedad española como en el ámbito internacional.

Proclamación de la II República: 14 abril 1931

Con el agotamiento del sistema político de la Restauración y la incapacidad de la monarquía de asumir sus errores durante la Dictadura de Primo de Rivera, era lógico que el descontento popular se orientase hacia una respuesta antimonárquica y republicana.

El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones con un elevado índice de participación, que superaba el 70%. El sistema electoral, que primaba las mayorías, otorgó un rotundo triunfo al Gobierno provisional formado tras las elecciones de abril, y dio el siguiente resultado en escaños:

FORMACIONES CENTRO-IZQUIERDA:

PSOE: 117
P.R.RADICAL-SOCIALISTA: 59
ESQUERRA CATALANA: 32
ACCIÓN REPUBLICANA: 27
ORGA (Nacionalistas gallegos): 16
AGRUP. AL SERVICIO DE LA REP.: 14
FEDERALES: 14

FORMACIONES CENTRO-DERECHA:

PARTIDO RADICAL: 93
PARTIDOS MONÁRQUICOS: 36
P. REPUBLICANO CONSERVADOR: 27
PARTIDO AGRARIO: 26
VASCONAVARROS: 14
LLIGA REGIONALISTA: 3
OTROS PARTIDOS CENTRO-DERECHA: 6

Las elecciones dieron la mayoría de los escaños a los socialistas y republicanos, los partidos que pertenecían a la izquierda y al centro. Manuel Azaña, fue elegido nuevo jefe de gobierno.

la represión fascista

A diferencia de lo sucedido en la zona republicana, la represión formó parte, desde el primer momento, de la estrategia diseñada por los sublevados para alcanzar el poder[1] y se centraría fundamentalmente en cargos políticos republicanos, militares leales a la República, intelectuales, dirigentes políticos, sindicales y líderes obreros y de las casas del pueblo de las localidades que ocupaban o que dominaban desde un primer momento.

En las zonas proclives a la rebelión y rápidamente dominadas por los sublevados, se instauró un régimen de terror indiscriminado para evitar que el enemigo pudiera organizar la resistencia. Buena prueba de ello fue lo sucedido en Navarra, Mallorca, Soria, La Rioja … sólo en esta última se produjeron más de 2000 asesinatos. En estas zonas, la Falange asume, con el beneplácito militar, la responsabilidad de llevar a la práctica las consignas fascistas.

Mientras, Queipo de Llano y Franco organizan la limpieza de la retaguardia según avanzan sus fuerzas. Se producen sacas con el consentimiento del mando militar, y hubo fusilamientos en las cunetas, en las tapias de los cementerios y en el extrarradio de los centros urbanos. Se llegó incluso a la quema de cadáveres para evitar el peligro de epidemias.

Conforme la sublevación derivaba en una guerra y las zonas ocupadas se constituían en un nuevo Estado, la represión fue institucionalizándose. La depuración política y la censura alcanzaron todos los niveles y se extendieron a todas las actividades, tanto públicas como privadas. Se pretendió enmascarar esta situación con la emisión de diversos decretos y disposiciones legales, que culminaron con la publicación el 9 de febrero de 1939 de la ley de “Responsabilidades Políticas”. Ley, que ya en su artículo primero violaba uno de los principio irrenunciables del Derecho al sancionar “retroactivamente”: «Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1 de octubre de 1934 y antes de julio de 1936 contribuyeron a crear o agravar la subversión …»

Amparados en estas disposiciones, los consejos de guerra dictaron, en ausencia de cualquier garantía procesal, numerosas sentencias de muerte tomando el relevo a los falangistas y los fusilamientos por rebelión militar se sucederían a lo largo de toda la guerra. Esto no impidió que continuaran los paseos hasta mucho después de acabar la guerra, si bien a una escala muchísimo menor que durante los primeros meses del conflicto. El máximo apogeo se alcanzó con el nombramiento en octubre de 1937 de Severiano Martinez Anido como jefe de Seguridad Interior para la retaguardia. Para completar el cuadro, los sublevados extendieron la represión al frente, principalmente con el bombardeo de la aviación sobre objetivos civiles, como Guernica o Granollers.

Una vez finalizada la guerra, el proceso de “normalización” continuó desarrollándose. A partir de las denuncias efectuadas por cualquier vecino o de las pesquisas realizadas por los servicios de investigación de la Falange, la Guardia Civil o la propia Falange procedían a la detención del sospechoso. El detenido, si sobrevivía al interrogatorio, comenzaba un rosario de instrucciones sumariales para finalizar delante de un consejo de guerra, normalmente masivo, donde el defensor – militar – poco o nada podía hacer salvo pedir clemencia. Si le declaraban culpable y era condenado a muerte, el reo era trasladado a la cárcel donde, de madrugada, se efectuaban las sacas. Igual suerte corrieron muchos de los que, confiados por la propaganda fascista[2], volvieron de Francia tras la finalización de la guerra. Militares leales a la República y dirigentes de los partidos políticos y sindicales fueron los principales objetivos durante la posguerra.

En definitiva …, la represión se consolida, bajo cobertura legal, como instrumento político para asegurar y defender el nuevo Estado, siendo las propias autoridades las que inician y extienden el terror por toda España como medio para alcanzar sus objetivos políticos.

[1] La instrucción reservada nº 1, firmada en Madrid el 25 de mayo de 1936, dirigida a los futuros jefes del pronunciamiento decía: “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no adictos al Movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”. Una vez iniciada la revuelta en Pamplona, Mola insiste: es necesario propagar una atmósfera de terror (…).

[2] La propaganda rezaba así: «si no has manchado tus manos con delitos comunes ven. Franco te ofrece la paz, trabajo, pan y justicia. Si nos has cometido crímenes, no tienes que temer. La España Nacional es justa y generosa. La España nacional ampara al prisionero que no ha cometido crímenes»

los desaparecidos del franquismo

Después de trabajar por la recuperación de la memoria histórica de Chile, Argentina, Colombia o Guatemala, Garzón atendió las ocho peticiones que le reclaman ayuda para reparar el dolor de las víctimas del franquismo en España. Está decidido a elaborar un censo de los desaparecidos desde el alzamiento hasta el final de la dictadura.

Y es que son muchas las familias que llevan años organizándose y demandando una mayor implicación de los poderes públicos en la búsqueda y exhumación de los cuerpos de los represaliados durante la Guerra y el Franquismo (especialmente en su etapa inicial) que fueron brutalmente vejados, asesinados y enterrados en fosas comunes a las afueras de los pueblos o en las cunetas de las carreteras.

El primer paso importante se produjo con la promulgación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, "por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura ". Algo todavía insuficiente, ya que no son pocas las situaciones en las que ni siquiera invocando la ley se obtienen los derechos que se reconoce. Todavía existe demasiado temor a hablar de ciertos temas considerados tabú en muchos ámbitos. Muchas instituciones públicas se muestran reacias a facilitar la información que demandan miles de familiares, bajo el pretexto de evitar reabrir viejas heridas. Pero lo que muchos no quieren entender, es que el primer paso para cicatrizar una herida es conocer lo que realmente sucedió.